Cuando se aproximan los procesos electorales, las emociones comienzan a salir a flote. Los candidatos las movilizan e instrumentalizan. La ciudadanía hace públicas sus quejas, muchas de las cuales buscan subsanar dilemas que tienen un componente emocional. El miedo a la delincuencia y el temor a la incertidumbre económica ya son asuntos recurrentes en los últimos 10 o 15 años.

Desde las izquierdas suele subestimarse estas expresiones emocionales. Se excusan en diversas justificaciones: que el miedo en realidad no es real y que la derecha lo está instigando (lo que parcialmente es cierto, pero no abarca la complejidad total del fenómeno). Sin embargo, si miramos de cerca la historia de Chile, y si algo podemos aprender de ella, veremos que en realidad el vínculo entre política y emociones es de larga duración. Los ejemplos abundan: las campañas electorales basadas en la movilización del miedo a través de la propaganda política, como la de 1920 (contra Arturo Alessandri, por supuesto
caudillo de la plebe) o las de 1964 y 1970 (ambas contra Salvador Allende, por representar una amenaza a los intereses de la clase alta), así como el uso del miedo como método de disciplinamiento social y político durante la dictadura de Pinochet, representan el epítome de esta relación.

Esta constatación debería llevarnos a reflexionar desde las izquierdas. ¿Es tan superfluo el miedo como se dice que es? ¿No corremos el riesgo de subestimar el malestar de la ciudadanía al desestimar sus experiencias y vivencias? Y como producto de aquello ¿acaso no cometemos en un grave error al replegarnos y cederle todo el terreno político-emocional a la instrumentalización de las derechas? Por eso, sólo cuando seamos capaces de reconocer el valor que tienen las emociones en la política, su influencia y su rol (que lo tienen, aunque muchos quisieran que no), sólo entonces se podrá enfrentar realmente el problema.

Aunque estos miedos, temores y hastíos estén o no justificados, tengan o no tengan fundamentos, de igual manera existen, y, por tanto, influyen y afectan. Desestimarlos y descartarlos por constituir expresión de un velo ideológico -por constituir una supuesta falsa conciencia, en términos de los marxistas clásicos- no contribuye en nada si lo que deseamos es construir un proyecto político que dispute el consenso capitalista y la más que nunca vigente hegemonía del programa social y cultural de las derechas.

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En relación a esto, y en favor de la seguridad nacional, la candidata a Presidente de Chile por el Partido Comunista, Jeannette Jara, incluyó en su programa electoral un lineamiento que indica un control exhaustivo de armas. Según expone el documento presentado por la ex Ministra del Trabajo, se buscará el establecimiento de una institución “capaz de aumentar las incautaciones, decomisos y destrucción de armamento, así como la identificación de patrones de tráfico ilegal de armas”.

“Tenemos información de que hay oficiales y cuadro permanente que compra armas por la vía legal, después las dan por perdidas, pero lo que están haciendo es venderlas al crimen organizado, grupos de narcos, de delincuentes”, dijo hace algunos años Martínez en una grabación secreta revelada por el periodista Mauricio Weibel a través de The Clinic.

Estas lamentables acciones elaboradas por militares corruptos, se suman a tantas otras polémicas situaciones en donde se ha “perdido” armamento militar o policial. En los últimos tres años, entre 2022 y mayo de 2025, el Ejército de Chile ha registrado 16 episodios de robo o extravío de armas y municiones, siendo un episodio recurrente dentro de las instalaciones militares.

En ese sentido, la planificación gubernamental confirma la creación de una Agencia Nacional de Control de Armas (ANCA), reemplazando a la actual Dirección General de Movilización Nacional (DGMN). De esta forma, el proyecto de Jara propone una “institucionalidad especializada y de carácter civil, que logre articular, coordinar y reforzar el trabajo de todas las entidades que hoy participan en el control y fiscalización de armas y municiones”.

Mientras tanto, los candidatos presidenciales José Antonio Kast y Johannes Kaiser están dispuestos a facilitar el acceso de armas a los ciudadanos, como lo han expresado en varias ocasiones en sus redes sociales. 

“Le duele a la izquierda, cuando la gente honesta tiene la capacidad y voluntad para defenderse de delincuentes, terroristas, narcos y otras de  sus mascotas. La autodefensa no es autotutela y quién lo sostiene, lo hace para desarmar a los honestos”, declaró Kaiser a través de su cuenta de X, citando un video en el que se ve a Kast utilizar armas de fuego en un campo de tiro.

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En cada elección presidencial chilena aparecen figuras que, si bien se sitúan en la izquierda del espectro político, no tienen ninguna vocación de mayoría. Eduardo Artés y Marco Enríquez-Ominami son ejemplos elocuentes de candidaturas que más que disputar el poder real, compiten por una cuota simbólica, testimonial, o incluso personal. Lejos de articular alianzas o insertarse en proyectos colectivos, sus campañas giran en torno a su figura, a su ego político, y no a la construcción de una alternativa viable. Son candidatos sin coalición, sin base social orgánica, sin posibilidad real de conducir un proceso transformador.

Eduardo Artés representa una izquierda fosilizada, anclada en un discurso revolucionario que ni siquiera las juventudes más radicales del presente parecen tomar en serio. Su proyecto, nostálgico del comunismo ortodoxo, desconectado de las demandas actuales del pueblo chileno, se vuelve irrelevante en el debate público. En las presidenciales de 2017 obtuvo apenas un 0,51% de los votos, y en 2021 subió marginalmente al 1,47%. Resultados que confirman su total desconexión con las mayorías populares y su rol como candidato de nicho, cuyo objetivo no es ganar, sino simplemente estar.

Marco Enríquez-Ominami, por otro lado, ha hecho de su candidatura presidencial una franquicia personal. Desde 2009 ha postulado en cuatro elecciones consecutivas. En su debut obtuvo un sorprendente 20,14%, pero lejos de capitalizar ese impulso, su apoyo fue en declive: 10,98% en 2013, 5,71% en 2017 y un irrelevante 7,61% en 2021. Sin partido real, sin militancia activa y sin otra narrativa que la de su propia biografía, ME-O se ha convertido en un candidato en busca de cámara, más preocupado por estar en la papeleta que por construir una alternativa creíble para gobernar.

Ambos comparten una lógica: sus candidaturas no están pensadas para gobernar, sino para existir. Son proyectos que se sostienen más en la voluntad de sus líderes que en un proceso colectivo de construcción política. Ni Artés ni ME-O representan un frente amplio de izquierda, ni un horizonte común para las luchas sociales. Son iniciativas unipersonales que dividen más que sumar, y cuya persistencia revela una cultura política centrada en el protagonismo individual antes que en la articulación de mayorías transformadoras.

El problema no es solo su falta de votos, sino su falta de estrategia. En un momento donde la izquierda chilena enfrenta desafíos enormes y necesita unidad, propuestas programáticas sólidas y vocación de mayoría, candidaturas como la de Artés y ME-O operan como obstáculos simbólicos. No construyen, no convocan, no disputan hegemonía. Son candidaturas que funcionan como pequeñas pymes electorales, donde lo importante es participar, no transformar. Y mientras eso siga ocurriendo un sector de la izquierda seguirá más preocupado de la performance personal que de la posibilidad real de gobernar.

¿Qué es de un «izquierdista» si no llega a la clase trabajadora? Edición foto: Mauricio Casanova

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El Plan consiste, además de utilizar a las Fuerzas Armadas como policía fronteriza, plantea la necesidad de instalar «muros/Vallas de seguridad de 5 metros de altura, similares a los utilizados en Israel y Hungría, equipados con sensores de movimiento y vigilancia por drones, en
los sectores aledaños a los pasos oficiales o pasos clandestinos inhabilitados»; «zanjas de 3 metros de profundidad»; «cercos perimetrales electrificados»; «Torres de vigilancia y radares térmicos, permitiendo la detección inmediata de movimientos sospechosos» y «drones autónomos con cámaras de reconocimiento facial».

Estas propuestas tan extremas como inviables traerían consigo fuertes cuestionamientos internacionales debido a la violación de un Derecho Humano tan básico como el de la migración y el asilo político. ¿Cómo Kast planea diferenciar en tiempo real de un delincuente extranjero que busca ingresar a Chile con un extranjero en busca de una mejor calidad de vida?

La propuesta a enfrentar la inmigración «ilegal» de Kast solo traería consigo un condicionamiento a la imagen internacional de Chile, la cual, según la consultora estadounidense de macroinversiones, Fitch Ratings, con sede en Londres y Nueva York, Chile es el mejor país para invertir en LATAM, debido a su estable gobernanza política presidencial. Edición foto: Mauricio Casanova

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